Faltas y Contravenciones

A los efectos de su ejercicio del poder de policía (control), el Poder Ejecutivo de la CABA dispone de Direcciones Generales como la de Fiscalización y Control, Higiene y Seguridad Alimentaria, Control de la Calidad Ambiental, etc., que funcionan en el ámbito de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) las que conjuntamente con la Policía Federal, Prefectura Naval y Guardia Urbana (hoy cuerpo de tránsito), son las encargadas de llevar adelante las tareas de contralor a través del procedimiento de inspecciones a todas las actividades que en virtud de competencia originaria o derivada le correspondan a la Ciudad.

Así, y una vez tomada la denuncia y plasmada en un acta de comprobación que reúna los requisitos formales de documento público, se procede a dar inmediata intervención a la Unidad Administrativa de Control de Faltas o a la Agencia de Faltas Especiales, según se trate de infracciones de tránsito o de las restantes faltas previstas por la ley; radicándose la causa frente a un Controlador o Agente de Faltas, quien tendrá a su cargo las actuaciones hasta la conclusión de la vía administrativa con el dictado de la resolución conforme las facultades emanadas del art. 14 de la Ley 1217, y con los criterios establecidos en el art. 28, 29 y 30 de la Ley 451.

Dado que la instancia señalada es una instancia administrativa y no judicial, el administrado que se encuentre en desacuerdo con la resolución dictada por el Controlador o el Agente, puede en los términos del art. 24 de la Ley 1217, solicitar el pase de las actuaciones (no apelación), a la Justicia Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, donde se procederá al juzgamiento de las faltas, en presencia, o en ausencia por excusación, del Ministerio Público Fiscal (art. 38 Ley 1217). Finalmente, el magistrado  interviniente  puede ratificar o dejar sin efecto la resolución del Controlador o del Agente, modificarla en todo o en parte, aumentar o disminuir la sanción impuesta, y ordenar su devolución para el cumplimiento de directivas por él impartidas. Dichas potestades se enmarcan en el derecho de rango constitucional de revisión judicial de los actos administrativos.